Cuando Franco murió en noviembre de 1975, casi nadie esperaba una democracia plena en pocos años. Lo que ocurrió entre 1975 y 1978 — y se cerró en 1982 con la victoria electoral de Felipe González — es lo que se conoce como la Transición. Sin guerra civil, con la monarquía borbónica restaurada como árbitro, con la Constitución de 1978 aprobada en referéndum: el modelo se exportó después como manual.
El protagonista político clave fue Adolfo Suárez, primer presidente democrático y arquitecto principal de la ley para la Reforma Política de 1976, que disolvió las Cortes franquistas desde dentro. El veintitrés de febrero de 1981 — el "23-F" — un teniente coronel de la Guardia Civil llamado Tejero secuestró el Congreso en un intento de golpe de Estado. La transmisión televisiva del rey Juan Carlos llamando al respeto a la Constitución es la otra imagen fundacional de la democracia.
El precio de la Transición pacífica fue lo que se llamó "el pacto del olvido": ningún juicio sistemático a la represión franquista, ningún proceso de justicia transicional al estilo argentino o sudafricano, una amnistía amplia de 1977. Durante décadas eso pareció la condición necesaria. En los años 2000, una nueva generación empezó a preguntarse si la condición era también un coste — y si el coste se podía revisar.